Los litigios por usurpaciones en los Valles Calchaquíes enfrentan desde hace tiempo a las comunidades originarias con el Estado provincial y particulares. Los planteos legales que se cruzan en tribunales le imprimen tensión al clima de convivencia en la zona. En El Mollar y en Tafí del Valle la Justicia ordinaria tramita al menos cuatro litigios. De estos, uno fue impulsado por el Gobierno provincial en el paraje La Quebradita (base Las Tacanas y Los Cuartos); y otro por la Comuna de El Mollar, por la ocupación de unas cuatro hectáreas que estaban destinadas a la construcción de la terminal de ómnibus y de un barrio de 30 viviendas.

En el primero, la parte demandada es la comunidad de originarios de Tafí del Valle; y en el otro, la de El Mollar. “Aquí hay conflictos jurídicos en el que colisionan los intereses de los comuneros, que apelan a derechos como comunidad preexistente, y del fisco o de los particulares, que poseen títulos de la propiedad u otras documentaciones que avalan la posesión. Así las cosas, todo lo tiene que resolver la Justicia”, explicó Leandro Giobelina, director de Catastro del municipio de Tafí del Valle.

En el ámbito de los privados los pleitos no tienen fin. La familia Chenaud-Terán logró en primera instancia que la Justicia le hiciera lugar a un amparo para la simple tenencia por un inmueble ubicado en los alrededores del arroyo Saladillo, en Los Cuartos. Después, el Juzgado en Documentos y Locaciones de Monteros revisó el pronunciamiento del Juzgado de Paz de Tafí del Valle y falló en favor de los aborígenes. Según el letrado Sergio Astorga, de los comuneros, ahora el planteo está en casación. El litigio con la Provincia, en tanto, tiene una sentencia favorable al Estado.

“Es en razón de que, del relevamiento jurídico catastral, surge que el sector de Las Tacanas y Los Cuartos, en La Quebradita, no está relevada. En consecuencia, tampoco (esa área está) amparada por la Ley 26.160”, explicó el abogado. En la zona, el Gobierno provincial prevé construir un complejo deportivo de alto rendimiento y viviendas.

Santos Pastrana, cacique del lugar, aseguró que, tras el revés legal, negocia con la Provincia a fin de que se resuelva la situación de unos 700 jóvenes que se han quedado sin terrenos para levantar su techo propio. “Esta realidad revela la magnitud del despojo que venimos sufriendo. Nosotros que somos originarios nos estamos quedando sin tierra”, advirtió el líder comunitario.

En inmediaciones del barrio Los Ojitos, en donde confluyen los ríos Blanquito y la Banda, también se generó otro conflicto con una empresa privada que lotea la zona. La comunidad planteó un amparo para la simple tenencia, que está en vía de resolverse en la Justicia. Para el arquitecto Osvaldo Merlini, ex director de Planeamiento de Tafí del Valle, los litigios territoriales están en el marco “del desorden urbanístico que se acentúa con el tiempo para alcanzar niveles inquietantes, y que requieren de la intervención del Estado”.

La zona de El Mollar, según dijo, es la más descontrolada.

El Mollar

El juzgado en Documentos y Locaciones de Monteros procesa una demanda de la comuna de El Mollar contra la comunidad originaria local que ocupó unas cuatro hectáreas que estaban destinadas a la construcción de la terminal de ómnibus y de un barrio de 30 viviendas. El organismo estatal pide su desalojo. Al mismo tiempo planteó una demanda penal “por usurpación”.

En primera instancia, la Justicia ya falló a favor de la comuna. “Es una situación lamentable y que ocasiona un enorme perjuicio a la comunidad porque se está impidiendo una inversión de más de $ 200 millones en la construcción de la terminal y del barrio. Son fondos que tienen que llegar de la Nación”, dijo el comisionado comunal Jorge Cruz.

“Se está atentando contra el progreso de este lugar turístico. Y no lo vamos a permitir. Tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo”, sostuvo el funcionario.

Margarita Mamaní, cacica del lugar, aseguró que Cruz intenta hacer obras en terrenos que pertenecen a miembros de la comunidad originaria. “Son hermanos humildes que ya no tienen hacia dónde ir. Es una situación intolerable. Nosotros le ofrecimos otro sitio en La Lomita a fin de que ahí se ejecuten los proyectos que tienen previstos. Pero no. Ellos quieren el de la comunidad”, expuso la dirigente.

Mamaní dijo que Cruz, con el afán de hacerlos desistir de la ocupación de los terrenos, “está incurriendo en abuso de poder al proceder a cortarnos el servicio de agua y amenazar”.

La cacica fue los tribunales de Monteros para presentar documentación solicitada por la Justicia en el marco de la demanda iniciada por la comuna.

Consenso Tucumán: foro: por un norte grande, sustentable y en paz

Hoy, a las 10, en el Hotel Catalinas Park se realizará el “1° Foro Consenso Tucumán por un Norte grande, sustentable y en paz”. Es organizado por la Asociación Civil para la Protección, Desarrollo y Cooperación de la Propiedad Privada y es para visibilizar los conflictos por la tierra relativos a la propiedad privada y a la propiedad comunal indígena y analizar los alcances de la Ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas. Los interesados en participar de forma virtual podrán registrarse en https://intercongress-latam.com/Inscripciones_Web/2021/consenso-tucuman

Para evitar desalojos: proyecto aprobado en el Senado

El Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, en una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición “no mezclar” el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes. La prórroga por cuatro años de la emergencia territorial tuvo 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición. El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025.